10/06/2025
Diversos gremios empresariales expresaron anoche su firme rechazo a la reciente firma del Tratado de Biodiversidad Biológica Marina en Aguas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como Tratado de Alta Mar, al considerar que representa una amenaza a la soberanía nacional en la gestión de los recursos pesqueros. La crítica surge pese a que la Cancillería peruana aseguró que el tratado no compromete el dominio marítimo de las 200 millas del mar territorial peruano.
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, declaró que “el dominio marítimo del Perú está absoluta y totalmente resguardado”, y anunció que, a su retorno al país, convocará a una conferencia de prensa para “aclarar” versiones que considera imprecisas y que, según dijo, desinforman a la opinión pública. Sin embargo, la polémica persiste, ya que el Ejecutivo no habría comunicado previamente al Congreso ni a los gremios empresariales los alcances de este compromiso internacional.
En un comunicado conjunto, ComexPerú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advirtieron que el BBNJ “impone restricciones innecesarias y pretende debilitar organizaciones regionales eficaces en las que participa el Perú, como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), que garantizan la sostenibilidad de los recursos marinos con base en evidencia científica”. Las entidades criticaron también la falta de un proceso participativo antes de la firma del tratado.
Para los gremios, el acuerdo ha sido impulsado por organizaciones no gubernamentales que, según señalaron, buscan desmantelar sectores productivos estratégicos como la pesca, actividad que genera miles de empleos y dinamiza economías regionales. En ese sentido, cuestionaron que el Gobierno haya adoptado una decisión de este calibre sin un análisis técnico integral ni el involucramiento de entidades clave.
Los gremios empresariales lamentaron que no se haya solicitado opinión técnica a sectores fundamentales como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ni a los trabajadores y empresarios del sector pesquero. “Rechazamos que el Gobierno suscriba acuerdos que afecten la seguridad alimentaria, destruyan empleos formales y atenten contra la inversión privada”, concluyeron en su pronunciamiento.