29/05/2025
A partir del año 2028, todos los trabajadores independientes en el Perú deberán aportar obligatoriamente a un fondo de pensiones, ya sea al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP), con una tasa base del 5% de sus ingresos, según lo establece el proyecto de reglamento de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. La norma fue publicada este jueves por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que abrió un periodo de 15 días para recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía, expertos y entidades empresariales y sindicales.
El documento define como trabajador independiente a toda persona que percibe ingresos por rentas de cuarta categoría, según lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta. Para estos contribuyentes, el aporte al SNP será escalonado en el tiempo: 2% en los años 2028 y 2029, 3% en 2030 y 2031, 4% en 2032 y 2033, hasta llegar al 5% en 2034. En contraste, quienes opten por el SPP deberán aportar de inmediato el 5% a partir de 2028, sin aplicar un esquema progresivo.
El reglamento también establece que, en el caso del sistema privado, sobre el aporte obligatorio se adicionará un porcentaje correspondiente a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, así como la comisión que cobran las Empresas Administradoras de Fondos (EAF), que pueden ser AFP u otras entidades autorizadas. Estos costos adicionales deberán ser asumidos por el trabajador independiente.
Un aspecto importante que aclara el reglamento es que no se considerará como independiente, a efectos de esta norma, a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que generan rentas de cuarta categoría. Estos servidores públicos ya realizan aportes como trabajadores dependientes al SNP y, por tanto, no estarán sujetos a la nueva obligación.
La medida busca ampliar la base de aportantes al sistema previsional peruano, considerando que actualmente un gran porcentaje de trabajadores independientes no cotiza regularmente a ningún fondo de pensiones. Con ello, el Estado pretende garantizar una mejor cobertura previsional y reducir la vulnerabilidad de este segmento en su etapa de jubilación.
Este esfuerzo de reforma forma parte de una estrategia más amplia de modernización del sistema previsional, en la que el MEF también contempla la creación de nuevos instrumentos de ahorro, esquemas de portabilidad y la incorporación de más entidades financieras para administrar los fondos de pensiones. El proceso de implementación será clave para asegurar que la medida logre su objetivo sin generar nuevas barreras para el desarrollo del trabajo independiente en el país.
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