MEF PROPONE FACULTADES LEGISLATIVAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD NACIONAL

Lima, abr. 30.


El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, anunció que las facultades legislativas solicitadas al Congreso de la República tendrán como objetivo principal impulsar la reactivación económica y aumentar la competitividad del país.

En una entrevista en TV Perú, Arista detalló que estas facultades están dirigidas a abordar normativas urgentes, como el impuesto al streaming, específicamente el Impuesto General a las Ventas (IGV), cuya aplicación se ha vuelto más compleja debido a la naturaleza transfronteriza de los proveedores de servicios como Netflix.

El ministro explicó la necesidad de clarificar cómo se aplicará este impuesto ante el surgimiento de nuevas tecnologías que desafían los modelos tradicionales de recaudación fiscal.

“Lo que no está explícita es la forma en la que se debe cobrar, porque las normas que tenemos están hechas para el proveedor y el consumidor que están en el país. Pero, con el avance de la tecnología, en el caso del streaming el proveedor del servicio está fuera del país. Entonces, queremos plantear la norma para explicar bien cómo se cobrará este impuesto”, indicó.

También señaló que las facultades legislativas también incluirán reformas para fomentar la inversión, restablecer el equilibrio fiscal y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura, como la culminación de hospitales a lo largo del país.

Arista resaltó la importancia de fortalecer el rol de ProInversión no solo en la adjudicación de proyectos, sino también en el acompañamiento y supervisión de su ejecución. Además, abordó la reciente transferencia de 500 millones de soles a los gobiernos locales, explicando que esta medida se tomó en respuesta a las reducciones en la transferencia del 2% del IGV durante el primer trimestre del año, debido a modificaciones legales y efectos residuales de la recesión del año anterior.

La transferencia adicional tiene como objetivo brindar a los gobiernos locales un mayor margen financiero para la ejecución de proyectos de inversión y gasto corriente. Esta medida busca apoyar a las autoridades locales en el impulso de sus agendas de desarrollo, permitiéndoles iniciar nuevos proyectos, completar expedientes técnicos y cubrir necesidades operativas según consideren necesario.

El Gobierno reconoce el papel crucial de los gobiernos locales en el desarrollo económico y social del país y busca garantizar que cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.